Van a cumplirse seis meses desde que la Corte Suprema de Justicia Europea, con sede en Luxemburgo, obligó a Google a disponer de un formulario para que todas aquellas personas, que por contenidos publicados online en los que saliesen perjudicados, pudiesen solicitar la eliminación de dichos comentarios, enlaces o cualquier archivo que los vinculase. El caso, que surgió tras el recurso al citado organismo por parte de Mario Costeja González, tras reclamar al buscador que eliminase un enlace de un antiguo anuncio, en el que se subastaban unos bienes suyos tras un embargo a causa de una deuda contraída con la Seguridad Social española, y que el interesado ya había liquidado.
Tras la sentencia que dice que «si a raíz de la solicitud de la persona afectada, se comprueba que la inclusión de esos enlaces es incompatible con la directiva (de protección de datos personales), la información como los enlaces que llevan a ella, deben eliminarse». A consecuencia de la misma, Google, decidió ofrecer el formulario, Seguir leyendo